Caracas14marzo2016:- El “limbo legal” en el cual se encuentran las
personas trans en Venezuela, al no
disponer de los medios y condiciones legales para el reconocimiento de su
personalidad jurídica e identidad personal acorde a la identidad y expresión de
género autopercibida, generan graves restricciones en el disfrute de sus
derechos políticos, económicos y sociales; quedando en su mayoría sumergidas en la exclusión social, pobreza y
diversas expresiones de violencia.
Sobre la base de
estas circunstancias y ante la inacción del Estado, muchas mujeres trans se ven obligadas, seducidas y
llevadas a realizar trabajo sexual en vía pública o por medio de anuncios en la
prensa nacional y páginas web, como medio para sobrevivir en una sociedad donde
la desinformación y los prejuicios contras las personas LGBTI están a la orden
del día, constantemente estas mujeres ven
como su situación se agrava con la expulsión del seno familiar; los excesos en
el uso de la fuerza, tratos crueles, denigrantes e inhumanos cometidos por los
cuerpos policiales y órganos de
seguridad del Estado; las agresiones y lesiones callejeras, la violencia sexual
y física cometidas por desconocidos, clientes y bandas delictivas; consumo de
drogas licitas e ilícitas; las practicas sistemáticas de extorsión, cobro de
cuotas para las “iniciadas”, ademas de “vacunas” y “regalitos” por parte de
delincuencia organizada -integrada por otras mujeres trans, particulares e incluso funcionarios policiales-; y los asesinatos vinculados al
odio social que genera su orientación sexual, identidad y expresión de género y
el tipo de trabajo que realizan.
Al
mismo tiempo, como ocurre con
el resto de las personas LGBTI en nuestro país, las mujeres trans que realizan
trabajo sexual, no tienen disponibilidad
real y efectiva a los instrumentos judiciales, que les permitan la
protección de su dignidad humana; la usencia de normativa legal y
procedimientos que les permitan acceder a la justicia. Sin dejar de lado que se
enfrentan a altos niveles de impunidad, la desconfianza hacia los órganos
facultados para la protección de sus derechos, la falta de capacitación y
sensibilización de los funcionarios públicos, siendo todos estos, junto a los
elementos indicados anteriormente, el escenario perfecto para el surgimiento,
propagación y fortalecimiento de múltiples estructuras de explotación de estas
mujeres.
Por tal motivo, las bandas delictivas que operan para generar amenazas graves de daño, violencia física y
psicológica, extorsión, distribuir de sustancias psicotrópicas a las mujeres
trans que realizan trabajo sexual, actúan con total libertad en Caracas y
extienden sus redes delictivas a otras ciudades como Puerto La Cruz, Valencia, Barquisimeto, Mérida, Táchira,
Ciudad Bolívar, entre otras.
Ahora bien, estas bandas delictivas suelen tener sus jerarquías,
estructuras y funciones bien definidas estando
en constante movimiento dentro y fuera del país (Colombia, México, Panamá,
España, Alemania, Italia), puedan componerse y descomponerse según las
coyunturas que les surjan, adaptarse para
responder a las necesidades e intereses de “las madres” y sus aliados, actúan en zonas determinadas, siendo el modelo
a seguir “la plaza” de la Avenida
Libertador, Avenida Francisco Solano, Casanova y zonas aledañas, tejen a su alrededor sus medios de información
y movilización contando con contactos en muchas espacios incluidos los
policiales. Todos estos logran movilizar fuertes sumas de dinero obtenidos de
sus actividades ilícitas.
Ciertamente no se
dedican únicamente a los delitos descritos anteriormente, también establecen
redes con personas que se encuentran privadas de libertad, funcionarios
policiales y militares, para realizar atracos y secuestros exprés a clientes y otras
mujeres trans. Tienen el denominador común de ser extremadamente violentas y reclutar
a personas LGBT adolescentes, para que se dediquen al trabajo sexual o
colaboren en sus fechorías, con la falsa promesa de obtener de ellas “respeto”,
“estatus” y dinero fácil; calificándolas como sus “hijas”.
Actualmente, la “Tati
Wasón” y su banda son las que están desarrollando estas prácticas delictivas en
Caracas, ejerciendo el control de la Libertador. El grupo delictivo se encarga
de extorsionar, amenazar, perseguir, ubicar y causar lesiones a las mujeres
trans que “posan” en la zona, extendiendo su “plaza” hasta la Avenida Guaicaipuro de El Rosal. Se mueven con total tranquilidad entre
Caracas, Puerto La Cruz y Maracaibo, las dos últimas ciudades por ser el lugar
de origen de las “madres” principales cabecillas del grupo delictivo.
Asimismo, generan terror y sacan muy buenas ganancias con las mujeres
trans que se publican en la páginas web http://www.sexycaracas.com/ , http://distintas.net/es/venezuela/home
y en los anuncios clasificados de varios periódicos de circulación nacional.
Las cuotas
para las “iniciadas” es de 20 mil Bs, las
“vacunas” o cuotas semanales van de 2 a 5 mil Bs y “regalitos” pueden oscilar de 7 a 12 mil
Bs. Sumas de dinero que distribuyen entre las integrantes de la banda y sus
colabores, así como para realizarse cambios físicos para estar más “bombas”.
Se ha podido conocer
que la “Tati Wasón” y “Sabrina la Maracucha”, principales líderes negativas de
la banda, mantienen amenazadas a muchas mujeres trans para que no establezcan
contacto con miembros de Venezuela Diversa,
medios de comunicación y/o autoridades policiales sobre las prácticas de
extorsión, hostigamiento y acoso, lesiones físicas, microtráfico de sustancias
psicotrópicas, robos y otros actos
delictivos ocurridos en las zonas bajo su mandato.
Finalmente, Solicitamos al defensor del pueblo, Tarek
William Saab, que realice un exhorto público a la Fiscal General de la República,
Luisa Ortega Díaz, para que con carácter de urgencia atienda estos casos
cometidos contra las personas LGBTI, los cuales suelen quedar impunes por
la inacción del ministerio público y el cuerpo de investigaciones científicas
penales y criminalísticas.
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